Por
Amnistía Internacional
[En
2022 en Afganistán] los talibanes cerraron el Ministerio de Asuntos de la Mujer
y lo sustituyeron por el Ministerio de Propagación de la Virtud y Prevención
del Vicio, que emitía decretos restrictivos y abusivos sobre los derechos de
las mujeres y las niñas. Cuando las mujeres protestaban contra estas
restricciones, se les respondía con detenciones ilegítimas y violencia.
Las niñas siguieron teniendo vetada la
educación secundaria y, a partir de diciembre, también la superior. Antes de
eso, las mujeres que asistían a la universidad tenían que acudir a aulas
separadas por sexos y con el cuerpo cubierto de la cabeza a los pies, entre
otras restricciones. Las mujeres tenían dificultades para matricularse tanto en
los cursos como en el examen nacional de acceso a la universidad y, en algunos
casos, se les impedía entrar en los edificios universitarios, con lo que la
educación superior quedaba casi fuera de su alcance. Además, se les prohibía
estudiar determinadas materias. Al concluir el año, sólo se permitía a las
mujeres y las niñas asistir a escuelas primarias.
Se fue impidiendo cada vez más a mujeres y
niñas el libre acceso a otros espacios públicos a través de una serie de
medidas. Los talibanes impusieron un código indumentario, obligaron a las
mujeres a llevar un acompañante (mahram) para aparecer en público y
prohibieron a mujeres y niñas ir a parques públicos. En agosto, los medios de
comunicación informaron de que se había negado el derecho a salir de Afganistán
a 60 estudiantes universitarias por no tener mahram. Estas normas se
aplicaban de manera arbitraria y al azar, por lo que muchas mujeres decidían no
viajar solas.
Los talibanes comunicaron que si una mujer
o niña infringía las restricciones impuestas se responsabilizaría de ello a sus
familiares varones. En consecuencia, las familias restringieron los derechos de
sus miembros femeninos por temor a las represalias de las autoridades
talibanas. Los talibanes reprimieron con dureza a las mujeres que protestaban
contra estas restricciones en público o en las redes sociales, propinándoles
palizas, arrestándolas, deteniéndolas ilegítimamente o arrestando a familiares
suyos, principalmente. Algunas de las mujeres arrestadas, incluidas las que
huían de abusos, fueron acusadas del impreciso y ambiguo “delito” de
“corrupción moral”. Sin embargo, tras la toma del poder por los talibanes, la
aplicabilidad de la legislación anterior era, en general, dudosa, ya que éstos
imponían públicamente su interpretación estricta y restrictiva de la sharia
(ley islámica) en el país. Aunque siguió habiendo protestas a lo largo de todo
el año, éstas encontraron cada vez mayor oposición de la policía talibana, que
bloqueaba su recorrido y detenía a periodistas que intentaban informar al
respecto.
El desmantelamiento de anteriores
estructuras del gobierno, como el Ministerio de Asuntos de la Mujer y la
Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán, y la transformación
del sistema judicial en aplicación de la sharia, basada en preceptos
religiosos, redujo las salvaguardas con las que contaban antes las mujeres y
las niñas. En consecuencia, aumentaron las noticias sobre violencia de género
intrafamiliar y matrimonios forzados. No había ningún mecanismo fiable al que
pudieran recurrir las mujeres víctimas de ese tipo de violencia. Los tribunales
y las fiscalías que antes se encargaban de investigar y juzgar los casos de
violencia de género permanecían cerrados, y tanto las autoridades talibanas
como los mecanismos comunitarios de resolución de disputas castigaban a las
mujeres por denunciar la violencia de género intrafamiliar.
Además, a partir del mes de diciembre, los
talibanes prohibieron a las mujeres y las niñas trabajar con ONG. Éstas y otras
restricciones impuestas por los talibanes sobre el derecho de las mujeres a
trabajar fuera de casa afectaron profundamente a la capacidad de éstas para
ganarse la vida –sobre todo cuando sus ingresos eran los únicos de toda la
unidad familiar– en un momento de cada vez mayor inseguridad alimentaria en el
país.
Fuente:
Amnistía Internacional (2023), Informe 2022/23, EDAI, Madrid.
