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22/5/26

La masacre de los Ovaherero y Nama

Por Amnistía Internacional

El 28 de mayo [de 2025], Namibia celebró su primer Día de Conmemoración del Genocidio, que recordó la masacre de los pueblos Ovaherero y Nama cometida por las fuerzas coloniales alemanas entre 1904 y 1908. Pese a las conversaciones en curso entre los gobiernos de Namibia y Alemania, este último país siguió negando su obligación legal de indemnizar a los descendientes de los pueblos Nama y Ovaherero por los crímenes cometidos durante el periodo colonial. Se estimaba que se había dado muerte al 80% de la población ovaherero y el 50% de la población nama, y las mujeres y las niñas eran sometidas sistemáticamente a violencia sexual, incluida la violación. Los cráneos de las personas que morían en los campos penitenciarios coloniales alemanes se enviaban a universidades y museos de Alemania para llevar a cabo investigaciones pseudocientíficas racistas. Las comunidades descendientes seguían siendo una minoría en Namibia, por lo que carecían de representación política y tenían pocas oportunidades de ejercer influencia en esa esfera. No contaban con una participación significativa y efectiva en las negociaciones sobre reparaciones, ni se les habían otorgado reparaciones ni devuelto la mayoría de los restos ancestrales y objetos culturales sustraídos por Alemania durante el genocidio.

Fuente: Amnistía Internacional (2026), La situación de los derechos humanos en el mundo, EDAI, Madrid. 

24/4/26

El genocidio no ha terminado

Por Amnistía Internacional

El genocidio perpetrado por Israel contra el pueblo palestino en la Franja de Gaza continuó durante todo 2025 con la persistente negación del acceso a una asistencia humanitaria adecuada, en medio de continuos desplazamientos forzados de casi toda la población, bombardeos militares devastadores y una enorme destrucción de bienes e infraestructuras civiles.

En marzo, Israel puso fin unilateralmente a una tregua acordada el 19 de enero e intensificó de inmediato los ataques militares en Gaza. Un alto el fuego alcanzado en octubre supuso la liberación de los 20 rehenes vivos retenidos aún por grupos armados palestinos y de casi 2.000 personas palestinas que Israel mantenía presas o detenidas. No obstante, los ataques militares israelíes continuaron, provocando la muerte de 415 palestinos y palestinas más desde el alto el fuego hasta el final del año.

Durante 2025, Israel mató a 26.791 gazatíes e hirió a 64.065 más; el 60% eran niños y niñas, mujeres y personas de edad avanzada. Además, siguió atacando espacios civiles abarrotados de gente, entre otros, cafeterías, concurridos mercados y escuelas donde se refugiaban personas que se habían visto forzadas a abandonar sus hogares a causa de las operaciones militares.

Una jornada especialmente mortífera fue la del 18 de marzo, cuando los ataques aéreos israelíes sobre la Franja causaron la muerte de al menos 414 gazatíes, incluidos 174 niños y niñas. El 23 de marzo, las fuerzas israelíes atacaron varios vehículos con distintivos de servicios humanitarios, entre ellos cinco ambulancias, matando a 15 cooperantes, incluido personal médico de la Media Luna Roja. El 30 de junio bombardearon de forma indiscriminada la cafetería Al Baqa, popular establecimiento donde mataron a 32 personas, la mayoría civiles.

El desplazamiento masivo provocado por las órdenes de evacuación o la destrucción israelíes de barrios enteros causó un enorme daño físico y mental. En mayo, Israel destruyó deliberadamente Juzaa, localidad de 11.000 habitantes situada en el sur, sin que hubiera una necesidad militar imperiosa que lo justificara. El 5 de septiembre, lanzó una campaña de demolición de edificios residenciales y comerciales de gran altura en toda la ciudad de Gaza en la que se derribaron al menos 16 bloques de viviendas en 10 días y se arrasaron los campamentos improvisados de los alrededores, lo que provocó un nuevo desplazamiento de miles de familias.

El genocidio de Israel incluyó también la orquestación deliberada de una crisis humanitaria en Gaza. A mediados de agosto, había en la Franja más de medio millón de personas en situación de hambruna/catástrofe humanitaria, la fase más grave de inseguridad alimentaria, y 1,4 millones más en la segunda y tercera fases de gravedad. Según la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), sólo en julio hubo casi 13.000 nuevos ingresos hospitalarios de niños y niñas con desnutrición aguda. Por tercer año consecutivo y a pesar de las peticiones presentadas ante los tribunales, las autoridades israelíes prohibieron por completo las evacuaciones médicas de Gaza a Cisjordania e Israel y restringieron drásticamente las realizadas al extranjero, provocando con ello muertes evitables.

Entre el 2 de marzo y el 19 de mayo, Israel impuso un asedio total en Gaza. Pese a su alivio temporal a partir del 19 de mayo, siguió sin permitir la entrada de determinados suministros esenciales, como combustible y gas para cocinar. El 9 de marzo, las autoridades israelíes cortaron el suministro de electricidad a la última planta desalinizadora que quedaba en la Franja. Sin combustible, los generadores eléctricos no podían suministrar energía a los equipos hospitalarios. Por otra parte, entre finales de mayo y agosto, al menos 859 palestinos y palestinas murieron a manos de las fuerzas israelíes y su personal de seguridad privada cuando, desesperados, acudieron a los puntos militarizados de distribución de ayuda gestionados por la Fundación Humanitaria de Gaza.

Israel causó una destrucción enorme de infraestructuras culturales, religiosas, médicas y educativas palestinas. Su ejército destruyo todas las universidades y colegios universitarios de Gaza, cientos de mezquitas y tres iglesias. La mayoría de las escuelas se transformaron en refugios para personas desplazadas y fueron posteriormente blanco de los bombardeos aéreos y los robots de demolición no tripulados de Israel. Las fuerzas israelíes destruyeron centros de atención de la salud para mujeres y bloquearon la ayuda destinada a la atención reproductiva.

Al terminar 2025, las fuerzas israelíes seguían totalmente desplegadas en más del 58% de la Franja de Gaza. Poco antes, Amnistía Internacional había advertido: “El alto el fuego [de octubre] corre el riesgo de crear el peligroso espejismo de que la vida en Gaza está volviendo a la normalidad [...] el mundo no debe dejarse engañar. El genocidio de Israel no ha terminado”.

Fuente: Amnistía Internacional (2026), La situación de los derechos humanos en el mundo, EDAI, Madrid. 

19/9/25

45 años

Por Amnistía Internacional

En junio [de 2024], el Programa de la ONU para el Medio Ambiente señaló que los escombros procedentes de la destrucción masiva de infraestructuras, las municiones de fósforo blanco y los residuos industriales y médicos estaban liberando niveles extremadamente altos de sustancias peligrosas en Gaza. Según sus cálculos, aunque los bombardeos [israelíes] cesaran inmediatamente, se tardarían 45 años en limpiar y reciclar escombros y residuos.

Fuente: Amnistía Internacional (2025), La situación de los derechos humanos en el mundo, EDAI, Madrid.

14/2/25

Aramco

Por Amnistía Internacional

En 2023, la empresa estatal saudí Aramco produjo de media más de 12 millones de barriles de petróleo al día. Su objetivo era aumentar esta producción en cerca de un millón de barriles diarios para 2027 y aumentar su producción de gas natural en un 50% para 2030. Se calculaba que el petróleo y el gas producidos por Aramco habían sido responsables de más del 4% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero desde 1965 y, según un estudio, en 2018 representaron alrededor del 4,8% de todas las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, la mayor proporción de todas las empresas de petróleo y gas.

Fuente: Amnistía Internacional (2024), La situación de los derechos humanos en el mundo, EDAI, Madrid.

31/1/25

La impunidad de los violadores

Por Amnistía Internacional

[En la República Centroafricana] a fines de 2002 y principios de 2003, los combatientes violaron sistemáticamente a centenares de mujeres. Al parecer, muchas de ellas, incluso ancianas y niñas, fueron violadas por combatientes del MLC [grupo político armado de la República Democrática del Congo], entre los que había niños soldados, mientras que otras fueron violadas por fuerzas leales a François Bozizé. Según informes, a algunas las mataron al oponer resistencia a la violación, o murieron como consecuencia de las lesiones sufridas. Algunas de las sobrevivientes se infectaron de VIH o contrajeron otras enfermedades, a raíz de lo cual sus compañeros las abandonaron. Otras se quedaron embarazadas. En la mayoría de los casos, el gobierno del presidente Patassé no tomó ninguna medida contra los violadores del MLC, ni tampoco se tomaron medidas contra los pertenecientes a las fuerzas dirigidas por François Bozizé ni antes ni después de su acceso al poder en marzo.

Fuente: Amnistía Internacional (2004), Informe 2004, EDAI, Madrid.

6/10/23

Los talibanes contra las mujeres

Por Amnistía Internacional

[En 2022 en Afganistán] los talibanes cerraron el Ministerio de Asuntos de la Mujer y lo sustituyeron por el Ministerio de Propagación de la Virtud y Prevención del Vicio, que emitía decretos restrictivos y abusivos sobre los derechos de las mujeres y las niñas. Cuando las mujeres protestaban contra estas restricciones, se les respondía con detenciones ilegítimas y violencia.

Las niñas siguieron teniendo vetada la educación secundaria y, a partir de diciembre, también la superior. Antes de eso, las mujeres que asistían a la universidad tenían que acudir a aulas separadas por sexos y con el cuerpo cubierto de la cabeza a los pies, entre otras restricciones. Las mujeres tenían dificultades para matricularse tanto en los cursos como en el examen nacional de acceso a la universidad y, en algunos casos, se les impedía entrar en los edificios universitarios, con lo que la educación superior quedaba casi fuera de su alcance. Además, se les prohibía estudiar determinadas materias. Al concluir el año, sólo se permitía a las mujeres y las niñas asistir a escuelas primarias.

Se fue impidiendo cada vez más a mujeres y niñas el libre acceso a otros espacios públicos a través de una serie de medidas. Los talibanes impusieron un código indumentario, obligaron a las mujeres a llevar un acompañante (mahram) para aparecer en público y prohibieron a mujeres y niñas ir a parques públicos. En agosto, los medios de comunicación informaron de que se había negado el derecho a salir de Afganistán a 60 estudiantes universitarias por no tener mahram. Estas normas se aplicaban de manera arbitraria y al azar, por lo que muchas mujeres decidían no viajar solas.

Los talibanes comunicaron que si una mujer o niña infringía las restricciones impuestas se responsabilizaría de ello a sus familiares varones. En consecuencia, las familias restringieron los derechos de sus miembros femeninos por temor a las represalias de las autoridades talibanas. Los talibanes reprimieron con dureza a las mujeres que protestaban contra estas restricciones en público o en las redes sociales, propinándoles palizas, arrestándolas, deteniéndolas ilegítimamente o arrestando a familiares suyos, principalmente. Algunas de las mujeres arrestadas, incluidas las que huían de abusos, fueron acusadas del impreciso y ambiguo “delito” de “corrupción moral”. Sin embargo, tras la toma del poder por los talibanes, la aplicabilidad de la legislación anterior era, en general, dudosa, ya que éstos imponían públicamente su interpretación estricta y restrictiva de la sharia (ley islámica) en el país. Aunque siguió habiendo protestas a lo largo de todo el año, éstas encontraron cada vez mayor oposición de la policía talibana, que bloqueaba su recorrido y detenía a periodistas que intentaban informar al respecto.

El desmantelamiento de anteriores estructuras del gobierno, como el Ministerio de Asuntos de la Mujer y la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán, y la transformación del sistema judicial en aplicación de la sharia, basada en preceptos religiosos, redujo las salvaguardas con las que contaban antes las mujeres y las niñas. En consecuencia, aumentaron las noticias sobre violencia de género intrafamiliar y matrimonios forzados. No había ningún mecanismo fiable al que pudieran recurrir las mujeres víctimas de ese tipo de violencia. Los tribunales y las fiscalías que antes se encargaban de investigar y juzgar los casos de violencia de género permanecían cerrados, y tanto las autoridades talibanas como los mecanismos comunitarios de resolución de disputas castigaban a las mujeres por denunciar la violencia de género intrafamiliar.

Además, a partir del mes de diciembre, los talibanes prohibieron a las mujeres y las niñas trabajar con ONG. Éstas y otras restricciones impuestas por los talibanes sobre el derecho de las mujeres a trabajar fuera de casa afectaron profundamente a la capacidad de éstas para ganarse la vida –sobre todo cuando sus ingresos eran los únicos de toda la unidad familiar– en un momento de cada vez mayor inseguridad alimentaria en el país.

Fuente: Amnistía Internacional (2023), Informe 2022/23, EDAI, Madrid.

19/4/08

Cándido Amador Recinos

Por Amnistía Internacional
Imagen tomada de la fuente
Cándido Amador Recinos, secretario general del Consejo de Asesoramiento para el Desarrollo de las Etnias autóctonas de Honduras (CADEAH) fue asesinado el 12 de abril [de 1997] en Copán Ruinas, departamento de Copán, en Honduras. Era miembro del grupo indígena chortí y había luchado activamente durante años para obtener tierras para los grupos autóctonos y mejorar su nivel de vida.
Su cuerpo fue hallado junto al borde de un camino, acribillado a balazos y con heridas de cuchillo o machete. Se decía que en el lugar donde lo mataron se encontraron muchas colillas de cigarrillos, como si los atacantes hubieran estado esperándolo.
Cándido Amador Recinos había recibido muchas amenazas, una de ellas poco antes de su muerte. Las organizaciones de pueblos autóctonos acusaron de su asesinato a los terratenientes que intentaban detener los esfuerzos de recuperación de tierras para los indígenas. Los familiares rechazaron enérgicamente la sugerencia de la Fuerza de seguridad Pública de que había sido víctima de un robo, diciendo que lo único que le habían robado era su mochila con documentos relacionados con su trabajo.
La Dirección de Investigaciones Criminales y la Fuerza de Seguridad Pública iniciaron una investigación. Sin embargo, nadie ha tenido que rendir cuentas por el asesinato de Cándido Amador Recinos.
Fuente: Amnistía Internacional (2001), El racismo y la administración de justicia, EDAI, Madrid.