Los talibanes contra las mujeres

Por Amnistía Internacional

[En 2022 en Afganistán] los talibanes cerraron el Ministerio de Asuntos de la Mujer y lo sustituyeron por el Ministerio de Propagación de la Virtud y Prevención del Vicio, que emitía decretos restrictivos y abusivos sobre los derechos de las mujeres y las niñas. Cuando las mujeres protestaban contra estas restricciones, se les respondía con detenciones ilegítimas y violencia.

Las niñas siguieron teniendo vetada la educación secundaria y, a partir de diciembre, también la superior. Antes de eso, las mujeres que asistían a la universidad tenían que acudir a aulas separadas por sexos y con el cuerpo cubierto de la cabeza a los pies, entre otras restricciones. Las mujeres tenían dificultades para matricularse tanto en los cursos como en el examen nacional de acceso a la universidad y, en algunos casos, se les impedía entrar en los edificios universitarios, con lo que la educación superior quedaba casi fuera de su alcance. Además, se les prohibía estudiar determinadas materias. Al concluir el año, sólo se permitía a las mujeres y las niñas asistir a escuelas primarias.

Se fue impidiendo cada vez más a mujeres y niñas el libre acceso a otros espacios públicos a través de una serie de medidas. Los talibanes impusieron un código indumentario, obligaron a las mujeres a llevar un acompañante (mahram) para aparecer en público y prohibieron a mujeres y niñas ir a parques públicos. En agosto, los medios de comunicación informaron de que se había negado el derecho a salir de Afganistán a 60 estudiantes universitarias por no tener mahram. Estas normas se aplicaban de manera arbitraria y al azar, por lo que muchas mujeres decidían no viajar solas.

Los talibanes comunicaron que si una mujer o niña infringía las restricciones impuestas se responsabilizaría de ello a sus familiares varones. En consecuencia, las familias restringieron los derechos de sus miembros femeninos por temor a las represalias de las autoridades talibanas. Los talibanes reprimieron con dureza a las mujeres que protestaban contra estas restricciones en público o en las redes sociales, propinándoles palizas, arrestándolas, deteniéndolas ilegítimamente o arrestando a familiares suyos, principalmente. Algunas de las mujeres arrestadas, incluidas las que huían de abusos, fueron acusadas del impreciso y ambiguo “delito” de “corrupción moral”. Sin embargo, tras la toma del poder por los talibanes, la aplicabilidad de la legislación anterior era, en general, dudosa, ya que éstos imponían públicamente su interpretación estricta y restrictiva de la sharia (ley islámica) en el país. Aunque siguió habiendo protestas a lo largo de todo el año, éstas encontraron cada vez mayor oposición de la policía talibana, que bloqueaba su recorrido y detenía a periodistas que intentaban informar al respecto.

El desmantelamiento de anteriores estructuras del gobierno, como el Ministerio de Asuntos de la Mujer y la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán, y la transformación del sistema judicial en aplicación de la sharia, basada en preceptos religiosos, redujo las salvaguardas con las que contaban antes las mujeres y las niñas. En consecuencia, aumentaron las noticias sobre violencia de género intrafamiliar y matrimonios forzados. No había ningún mecanismo fiable al que pudieran recurrir las mujeres víctimas de ese tipo de violencia. Los tribunales y las fiscalías que antes se encargaban de investigar y juzgar los casos de violencia de género permanecían cerrados, y tanto las autoridades talibanas como los mecanismos comunitarios de resolución de disputas castigaban a las mujeres por denunciar la violencia de género intrafamiliar.

Además, a partir del mes de diciembre, los talibanes prohibieron a las mujeres y las niñas trabajar con ONG. Éstas y otras restricciones impuestas por los talibanes sobre el derecho de las mujeres a trabajar fuera de casa afectaron profundamente a la capacidad de éstas para ganarse la vida –sobre todo cuando sus ingresos eran los únicos de toda la unidad familiar– en un momento de cada vez mayor inseguridad alimentaria en el país.

Fuente: Amnistía Internacional (2023), Informe 2022/23, EDAI, Madrid.