10/7/08

El estado de los derechos humanos en URUGUAY

Por Amnistía Internacional

Impunidad: justicia para abusos del pasado

Siguió en vigor la Ley de Caducidad de 1986, que impedía la apertura de procedimientos judiciales contra miembros de las fuerzas de seguridad por actos cometidos durante el gobierno militar (1973 -1985).

Al finalizar el año, la Cámara de Representantes estaba estudiando un proyecto de ley que proporcionaría resarcimiento a los familiares de víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas durante el gobierno militar.

Al concluir el año seguía pendiente de resolución la solicitud de extradición desde Brasil del coronel retirado Juan Manuel Cordero por su implicación en violaciones de derechos humanos cometidas durante el gobierno militar, entre ellas los asesinatos de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz.

En julio, un equipo de antropólogos de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República comenzó las excavaciones en el predio militar de La Tablada en busca de los restos de personas detenidas que fueron víctimas de desaparición forzada durante el gobierno militar.

En septiembre se iniciaron en predios militares nuevas excavaciones para exhumar los restos de Elena Quinteros, miembro del opositor Partido por la Victoria del Pueblo, que fue secuestrada en la embajada de Venezuela en junio de 1976 por miembros de las fuerzas de seguridad.

En junio, el gobierno excluyó de la aplicación de la Ley de Caducidad 17 casos a los que previamente sí les era aplicable, entre ellos al menos cinco traslados de detenidos desde Argentina a Uruguay entre febrero y agosto de 1978. En septiembre excluyó también el secuestro de Nelson Santana y Gustavo Inzaurralde en Paraguay en 1977. La decisión dejó abierta la puerta a la investigación judicial de estos casos. Con estas nuevas exclusiones, el actual gobierno había excluido ya de la Ley de Caducidad un total de 47 casos de víctimas de violación de derechos humanos.

En septiembre, el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 3er. turno ratificó la reclusión y auto de procesamiento del ex presidente Juan María Bordaberry (1971-1976) en calidad de coautor de 10 homicidios. En diciembre, el ex presidente Gregorio Álvarez (1981-1985) fue detenido y acusado formalmente de ser coautor de la desaparición forzada de más de 30 personas.

Violencia contra las mujeres

Según un informe publicado en noviembre de 2007 por el Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior, al menos 17 mujeres murieron víctimas de la violencia doméstica entre noviembre de 2006 y octubre de 2007.

En junio, el Instituto Nacional de las Mujeres publicó el Primer Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades y Derechos para atajar la discriminación contra las mujeres.

Salud: derechos reproductivos

En noviembre, la Cámara de Senadores aprobó el proyecto de ley de Salud Sexual y Reproductiva, que preveía la despenalización del aborto practicado en determinadas circunstancias durante las12 primeras semanas de gestación. Según la legislación vigente entonces, el aborto era punible con hasta nueve meses de cárcel para las mujeres que se sometieran a él y con dos años de prisión para la persona que lo realizase. Al finalizar el año, el proyecto de ley se encontraba en espera de aprobación por parte de la Cámara de Representantes.

Sistema de justicia

En un informe publicado en mayo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendó que se adoptaran todas las medidas necesarias para poner en libertad a Jorge, José y Dante Peirano, recluidos en detención preventiva desde 2002, mientras continuaba su juicio. Los tres hombres habían sido puestos en libertad al finalizar el año.

Según el ministro del Interior, más del 60 por ciento de los internos en prisiones uruguayas no habían sido sentenciados.

Menores

En julio, el Comité de los Derechos del Niño, de la ONU, lamentó que las autoridades uruguayas no hubieran elaborado un plan nacional de acción sobre los derechos de los menores, y que no existiera una institución independiente ante la cual presentar denuncias sobre violaciones de dichos derechos. El Comité expresó también su preocupación por la discriminación contra menores de ascendencia africana, así como por el gran número de menores privados de libertad, algunos de los cuales habían sido sometidos a tortura o tratos degradantes por agentes del orden.
Fuente: Amnistía Internacional, Informe 2008, EDAI, España, 2008.

No hay comentarios: