20/6/08

El estado de los derechos humanos en HAITÍ

Por Amnistía Internacional

Información general

Los niveles de violencia de motivación política continuaron siendo bajos, pero los elevados índices de desempleo, la pobreza generalizada y el narcotráfico generaron malestar social y violencia.

A lo largo del año, la Misión de Estabilización de la ONU en Haití (MINUSTAH) llevó a cabo enérgicas operaciones militares para desmantelar las bandas armadas que operaban en los centros urbanos de mayor importancia. Fueron detenidos más de 800 presuntos miembros de esas bandas. El Consejo de Seguridad de la ONU prorrogó el mandato de la MINUSTAH hasta octubre de 2008. En las regiones en las que predominaba la violencia armada se pusieron en marcha programas para reducirla, pero la continuidad de las mejoras en la seguridad se vio obstaculizada por la incapacidad del gobierno de proteger y hacer efectivos los derechos económicos y sociales más básicos de la población. El ritmo de desarme seguía siendo muy lento.

Con las elecciones municipales celebradas en abril concluyó el proceso en tres vueltas para la elección de representantes en todos los niveles de gobierno. Sin embargo, se aplazaron las elecciones previstas en diciembre para la renovación de un tercio del Senado.

El Parlamento ratificó el tratado de incorporación al Caricom, el mercado común caribeño.

Violencia contra las mujeres y las niñas

Las mujeres y las niñas siguieron sufriendo discriminación y violencia generalizadas en todos los aspectos de la vida pública y privada, una situación que se vio agravada por la falta de acceso a la justicia. Sin embargo, se presentaban pocas denuncias por violencia de género, en parte a causa del miedo a las represalias y al ostracismo. A este temor a presentar denuncias contribuía también la escasez de refugios y de otros servicios de apoyo.

Las niñas eran las más expuestas a la violencia y el hostigamiento de carácter sexual. Las cifras dadas a conocer por diversas ONG revelaron que el número de casos de violación denunciados se había incrementado con respecto a años anteriores y que más de la mitad de las víctimas eran menores de 17 años.

El sistema de justicia no proporcionó remedio efectivo a las sobrevivientes de violación y violencia doméstica. Se tuvo noticia de que en las zonas rurales las autoridades judiciales ejercían presiones sobre las sobrevivientes de violación para que aceptasen acuerdos económicos con los violadores en vez de tramitar los hechos como delito.

En noviembre, 108 soldados srilankeses de la fuerza de mantenimiento de la paz de la ONU fueron repatriados a su país tras denunciarse abusos y explotación sexual de mujeres y niñas haitianas.

Sistema de justicia

Se realizaron esfuerzos para fortalecer el sistema de justicia, como la adopción de nuevas leyes sobre el estatuto de los magistrados y la supervisión de sus funciones por parte del Consejo Superior de la Magistratura, medidas ambas que reforzaron la independencia de la judicatura. Sin embargo, las debilidades estructurales e institucionales, agravadas por la corrupción y la falta de recursos, siguieron alimentando violaciones de los derechos humanos en el seno del sistema de justicia.

La prisión preventiva prolongada infringió de forma persistente las normas internacionales en materia de derechos humanos, y fueron escasos los esfuerzos que se realizaron para corregir la situación. Sólo el 16 por ciento de los detenidos habían sido sentenciados, y este porcentaje disminuía hasta el 5 por ciento en el caso de los menores de 18 años. Otros presos siguieron encarcelados pese a haber cumplido sus penas.

El presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad en las Américas observó que algunas personas habían sido detenidas por personal de la MINUSTAH sin orden judicial o habían sido objeto de detenciones colectivas “sin seguir los procedimientos básicos de un debido proceso legal y sin respetar los estándares internacionales de derechos humanos”.

Impunidad

Fueron escasos los avances del gobierno en la investigación de casos de violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado.

Libertad de expresión: periodistas

Se produjeron amenazas y agresiones a periodistas a manos de personas de las que se sospechaba que actuaban en nombre de criminales o de responsables de abusos contra los derechos humanos cometidos en el pasado. Seguían sin resolverse los homicidios de al menos nueve periodistas cometidos desde el año 2000.

No obstante, en agosto se creó la Comisión Independiente de Apoyo a las Investigaciones sobre los Asesinatos de Periodistas (Commission indépendante d'appui aux enquêtes relatives aux assassinats des journalistes, CIAPEAJ), una iniciativa conjunta del presidente haitiano y SOS Journalistes, ONG que trabajaba por la protección de los derechos de los periodistas.
-En marzo, Robenson Casseus, periodista de Radio Nouvelle Génération, recibió amenazas telefónicas anónimas porque se había negado a cambiar sus emisiones y apoyar con ellas a un partido de la oposición. Fue atacado y golpeado, y su casa, incendiada.
-En diciembre, un tribunal de lo penal declaró a dos hombres culpables del asesinato en 2001 del periodista Brignol Lindor. Sin embargo, las identidades de los responsables de instigar el homicidio seguían sin conocerse al finalizar el año.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

Los defensores y defensoras y activistas de los derechos humanos siguieron recibiendo amenazas de agentes del Estado y de particulares. Se denunciaron algunos casos de secuestro de clara connotación política.
-En octubre, Dérilus Mérilus y Sanièce Petitphat, miembros del Comité de Derechos Humanos de Savanette, fueron amenazados de muerte por familiares de un presunto violador a cuya víctima habían ayudado a presentar la denuncia.
-En agosto fue secuestrado Lovinsky Pierre-Antoine, jefe de la Fundación 30 de Septiembre. Al finalizar el año se desconocía su paradero. Trabajaba para lograr el fin de la impunidad por los abusos cometidos en el pasado y para obtener reparación para las víctimas de violaciones de los derechos humanos cometidas durante el gobierno militar (1991-1994).

Derechos de la infancia

El acceso de niños y niñas a la educación era limitado a causa del impacto de la pobreza, la violencia y el elevado precio de las tasas escolares. El Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF) calculó que en Haití había aproximadamente 500.000 niños y niñas sin escolarizar.

En las escuelas estaban prohibidos los castigos corporales, pero seguía denunciándose su uso.

Según datos de organizaciones de defensa de las mujeres y promoción de la salud, casi la mitad de todos los casos de violación y violencia sexual denunciados afectaban a niñas haitianas menores de 17 años.

Hasta 175.000 menores realizaban trabajos domésticos, y en su mayoría no estaban escolarizados. Además, según informes, muchos de ellos eran sometidos a abusos y castigos corporales.

La reclusión de menores de no más de 10 años de edad en centros penitenciarios infringía la legislación nacional y las normas internacionales.

Se recibieron varias denuncias sobre menores en orfanatos que eran sometidos a abusos sexuales y se convertían en objeto de trata.

Fuente: Amnistía Internacional, Informe 2008, EDAI, España, 2008.

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